LAS DOS CARAS DE LA JUSTICIA EN LA TIRANIA DE TRUJILLO.

Escrito por: LLENNIS JIMÉNEZ ( l.jimenez@hoy.com.do)
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Tomado del periodico Hoy 18 de junio del 2011


Doctor Artagnan Pérez Méndez. Afirma que los casos que tenían matiz político no llegaron a solucionarse por vía de la justicia y que los datos no se han recogido ni se van a recoger nunca, porque ocultaron los expedientes.
El tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina hizo del Poder Judicial dominicano un instrumento servil a su régimen de 31 años de terror y muerte.

Desde el inicio, obligó a las instituciones de la justicia a operar bajo una línea de adivinanzas sobre casos a su favor, sin errores para sus intereses políticos y económicos.

El carácter dominante de Trujillo imperó en los tribunales desde el 16 de agosto del año 1930 hasta el 30 de mayo del año 1961, cuando cayó asesinado en la conspiración preparada por un grupo de nacionales, en un hecho que se le atribuyó a la CIA.

En el transcurso de sus gobiernos ocurrieron miles de muertes, se cuantifican en más de 50,000, pero no hubo castigo desde la justicia por los crímenes, manifestados en homicidios, torturas en caminos y cárceles; muertes por presuntos accidentes, abuso de autoridad, tentativa de crímenes y de incendios, así como amenazas. Esa era la suerte fatal que corrían los enemigos del régimen.

La historia del Poder Judicial, reseñada por la propia Suprema Corte de Justicia (SCJ), máximo tribunal del país, narra que la justicia en la era de Trujillo, como sucede en todas las dictaduras, fue una Justicia atrapada, obediente a los dictados del gobernante, e identificada totalmente con el régimen.

Explica que quienes sirvieron en los puestos judiciales fueron básicamente o “trujillistas de corazón” o intelectuales conscientes de lo que debían de hacer cada vez que les tocara un caso “delicado”, en el cual estuvieran de por medio los intereses del “Jefe” o de cualquiera de los miembros de la familia Trujillo.

Estos sabían cómo tenían que fallar hubiere o no elementos de prueba hasta sin necesitar que les dieran instrucciones, tratando de mantener siempre el más estricto apego a la forma procesal y al fondo del tema para que sus decisiones no reflejaran deficiencias técnicas que había.

Trujillo, nacido el 24 de octubre del año 1891, en San Cristóbal, y tercero de 11 hermanos, quiso hacer de la justicia una entidad brillante, al igual que su carrera militar empezada en la interventora fuerza norteamericana, en 1918, que lo llevó del Ejército Dominicano a la Infantería de Marina de los Estados Unidos, para más tarde pasar a la Guardia Nacional; luego a la jefatura del Estado Mayor, como teniente coronel y a comandante auxiliar de la Policía Nacional.

Con esa férrea mentalidad militar y un prontuario de hechos ilícitos imputados, Trujillo se impuso.

Incendio del Palacio de Justicia. Su relación con la justicia pareció comenzar mal mucho antes de que se declarara Presidente y, por sus antecedentes, hubo quien en la época no dudó de su relación con el incendio del Palacio de Justicia de la calle Padre Billini, el 11 de diciembre del 1925.

Datos del máximo tribunal compilados por Wenceslao Vega y Américo Moreta Castillo indican que cuando Trujillo se perfilaba como el “hombre fuerte”, aún antes de ser Presidente, ocurrió un misterioso acontecimiento que preconizaba lo que iba a suceder; fue objeto de un incendio criminal el Palacio de Justicia, el que también alojaba a la Suprema Corte, por lo que desaparecieron archivos judiciales de la ciudad de Santo Domingo. No se dijo cómo ocurrió el incendio, que fue poco reseñado.

Fue la primera manifestación de lo que pudo ser el montaje del escenario para la llegada del régimen de Trujillo. Ese año asumió la comandancia de la Policía y sabía que no podría ser señalado por delito alguno.

En su Boletín Judicial 197 de diciembre de 1926, la SCJ señala que la reconstrucción del Palacio de Justicia tardó dos décadas.

Este acontecimiento explica la causa por la que falta una parte de la historia judicial dominicana, registros que contarían hechos correspondientes al fuego.

Artagnan Pérez Méndez. El ex fiscal y juez de primera instancia del distrito judicial de Espaillat de 1962 a 1965, afirma que en el régimen se vivió con mucha justicia politizada. De ahí que cuando habían matices políticos, la justicia en la Era de Trujillo no seguía ni los dictados de la conciencia ni las previsiones y prescripciones del derecho y la justicia, sino que seguía la línea política del régimen dictatorial.

En esos tiempos, los jueces conocían todas las materias: penales, civiles, comerciales y la primera instancia. También revisaban la apelación de los fallos de los juzgados de paz.

Pérez Méndez resalta que se trabajaba con ahínco, por lo que los tribunales se mantenían al día.

El doctor en Derecho de la promoción 1956, oriundo de Moca y quien pasó varios años como abogado en la Era, reconoce que en tiempos de Trujillo, cuando se trataba de litis entre particulares, sin roce político, la justicia se administraba en perfectas condiciones, dando a cada quien lo que le correspondía, sin privilegios y con gran capacidad por parte de los funcionarios.

“Cuando tenían matices políticos las litis, entonces había que plegarse al lado en que se orientaba el interés político”, expuso.

Al mismo tiempo, expresó que en la Era de Trujillo hubo mucha y buena justicia, también mucha justicia politizada. Empero, Pérez Méndez dejó claro que en la Era de Trujillo no se hablaba de la Era, y el régimen era tan fuerte y tan cerrado que el tema político, con afanes de crítica, no se comentaba en los hogares ni en las reuniones políticas. “Uno no sabía quién era espía y quien no lo era”.

Señala que predominaba el mutismo, el silencio. “Cuando se daban las casos y la gente se daba cuenta del rayo matizado de política, no se hacía comentario”. Y es que una opinión le podía costar caro.

Pérez Méndez indica que “los jueces motivaban las sentencias tratando de darle viso de una legalidad verdaderamente impresionante”. “No se hacía un chanchullo no, se le buscaba la vuelta”, asegura.

Primer tropiezo con la justicia. Los archivos que conserva la SCJ afirman que en lo jurídico, la Era de Trujillo nació viciada. A partir del golpe de Estado que Trujillo propició contra el presidente Horacio Vásquez, en 1930, que ganara las elecciones organizadas el 16 de mayo de ese año, con Estrella Ureña como vicepresidente, fue acusado de maniobrar un certamen plagado de irregularidades.

Quienes no compartían los criterios de la élite nacionalista que lo apoyó, a la hora de votar se encontraron con un clima de terror. En su libro “Los Responsables”, Víctor M. Medina Benet presenta este momento como una “farsa judicial”.

El autor explica así la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral a 10 días de las elecciones de 1930, la situación imperante y la solicitud de la anulación de los comicios que hizo en El Seibo el Partido Alianza Nacional Progresista al Tribunal de Primera Instancia de esa localidad, un caso que fue apelado en la Corte de Santo Domingo, pero la instancia no se llegó a conocer.

Aquí, la justicia tuvo que ceder a la pretensión de Trujillo, respaldada en el Congreso, que ya lo adulaba y le temía al poder del militar. El 28 de junio de 1930, los legisladores crearon el primer tribunal para los caprichos políticos de Trujillo, la Segunda Corte de Apelación de Santo Domingo, con atribución de conocer el recurso que contra las elecciones se presentó en El Seibo y que le dio la victoria a Trujillo.

Se impuso con la ayuda de la justicia, aunque no se conoció la sentencia de la primera Corte, que estaba prevista para el 17 de mayo de 1930, debido a que un grupo de exterminio de la banda de “La 42” destruyó la Corte y los jueces tuvieron que abandonar el lugar.

Medina Benet narra, y la SCJ así lo recoge, que el juez Carlos Gatón Richiez se vistió de mujer para salvarse. Empero, los jueces dejaron la decisión de El Seibo el 22 de mayo de 1930 al procurador general de la República, Ramón O. Lovatón, quien no divulgó el fallo de los jueces Francisco A. Hernández, Esteban S. Mesa, Carlos Gatón Richiez, G. Soñé Nolasco y Marino Emilio Cáceres. Esto dio inicio al Poder Judicial que sirvió de estructura al régimen tiránico.

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Intimó jueces

“...Os he convocado porque creo como Santo Tomás, el apóstol de la Verdad, que la Justicia es la que comunica rectitud a las operaciones humanas, y es en este sentido superior al Deber, al Derecho y a la Ley; y llegáis a vuestra propia casa, en la cual se os recibe con los honores de vuestra alta dignidad, porque nada es más grato para mí que estar en sociedad con aquellos a quienes magnifica la capacidad de juzgar a los hombres...”. Con estas sutiles palabras Trujillo demostraba el control que ejercía sobre el Poder Judicial, en la celebración del 19 de enero del 1933 ante jueces reunidos en asamblea en Santiago.

Primeros crímenes sin condena

La mayoría de los asesinatos y torturas que ordenó Trujillo quedaron sin resolver y no fueron investigados. Las familias de las víctimas, casi siempre, solían no enfrentar al dictador, para no correr con la desgracia de su furia desatada.

Uno de los primeros mártines de Trujillo fue el general Cipriano Bencosme, el 19 de noviembre de 1930. No hubo fiscal que abriera el caso. A los siete meses de su primer Gobierno, Bencosme, militar de 66 años, no aceptó el desafío, por lo que puso su cabeza en manos de sicarios de su inaugurado régimen.

Nadie fue castigado tampoco en los tribunales por los miles de homicidios atribuidos a su maquinaria criminal. El crimen en 1956 contra el escritor, abogado y profesor español Jesús de Galíndez Suárez fue repudiado por la comunidad internacional, pero también quedó sin castigo por parte de la justicia. Trujillo descubrió que era espía de su Gobierno para Estados Unidos, por lo que al radicarse en Nueva York, ordenó su rapto y asesinato en territorio dominicano.

No hubo fiscal de la época que investigara el crimen de Galíndez, hecho que en septiembre de 2002 el periodista español José Luis Baberías relató con el título: Las últimas verdades sobre el agente Galíndez, explicando que encontró una muerte horrenda, sacándole los ojos, luego de ofrecer información al servicio secreto de los Estados Unidos, FBI, y de que fuera funcionario dominicano y hasta profesor de Ramfis, hijo del tirano.

La muerte de las hermanas y activistas políticas contrarias al régimen Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, el 25 de noviembre de 1960, a manos de la Policía Secreta, fue el detonante del repudio de la dictadura.

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Rafael Leónidas Trujillo Molina, considerado el dictador más temido del Caribe, ejerció su régimen criminal entre 1930 y 1961, con el beneplácito de siete de los 20 presidentes que ha tenido la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en toda su historia, más de 12 procuradores fiscales y una cantidad similar de procuradores generales de la República.

Las cifras de estos funcionarios judiciales son precisas en lo referente a los integrantes de la SCJ, máximo tribunal del país.

Pero están dispersos los datos relativos a los procuradores fiscales y a los procuradores generales, ya que los archivos que recogen la historia de la Fiscalía del Distrito Nacional empiezan con el procurador fiscal del año 1944 y el registro de los procuradoresgenerales se hace a partir del año 1961.

Trujillo, quien ascendió a la principal magistratura del país mediante elecciones populares del 30 de mayo de 1930, luego de traicionar y de estallar en febrero de ese año la rebelión en contra de su padrino, el entonces presidente Horario Vásquez, hizo que los distintos tribunales dominicanos estuvieran sometidos a su voluntad y control.

Se hacía proclamar “Benefactor de la Patria” y “Padre de la Patria Nueva” el hombre de mano dura, que obligó a jueces, procuradores, fiscales, abogados, intelectuales, políticos y el pueblo en general, a alabar a su régimen y a enaltecerlo con los honores.

El brigadier, luego general y posteriormente, generalísimo, inició su mandato en lo que se denomina el segundo período de la SCJ, marcado de 1930 a 1961.

Tribunales. Trujillo permaneció por espacio de un año con la presidencia de Rafael Justino Castillo en la SCJ, quien ostentó el cargo durante 14 años, desde 1916 y salió en 1931.

Se le recuerda como el presidente de la SCJ que abarcó períodos diferentes de la historia.

Luego designó a José Antonio Jiménez Domínguez (1931-1943), a Augusto Júpiter (primero en 1934, más tarde, de 1936 a 1938). Alcibíades Roca asumió la Suprema entre 1934 y 1936, Juan Tomás Mejía Soliere de 1938 a 1946, Pedro Troncoso Sánchez, de 1946 a 1949.

La era concluyó con Hipólito Herrera Billini, 1949 y 1961. Éste tuvo la etapa más larga de la tiranía.

Amparó su Gobierno despótico en los mejores profesionales. Sedujo con el poder o por la fuerza a los más connotados profesionales del Derecho, los que a su vez buscaba que fueran filósofos, poetas, politólogos y con manejo de más de un idioma.

Procuradores. Trujillo cambiaba los procuradores generales con el mismo criterio que lo hacía con los funcionarios de su gobierno y muchas veces los jueces de instrucción ni siquiera habían estudiado Derecho. A esto se debe que en sus decisiones firmaran como señor, pero Trujillo puso fin a este problema.

La galería de ex procuradores generales de la República de la Era de Trujillo que se exhibe en su edificio del Centro de los Héroes desde el 17 agosto de 2007 sólo recuerda a José Manuel Machado (1961), sustituido por Porfirio Néstor Basora Puello, (1961-1962).

En el mural que data de la gestión de Francisco Domínguez Brito, no figura Juan Tomás Mejía Soliere, ex presidente de la SCJ, y quien desempeñó la función de procurador general en 1946. Juan Tomás Mejía Soliere ocupó la Procuraduría general en 1935, antes y después ejerció varias labores como era usual en la dictadora. Y Herrera Billini condujo el Ministerio Público desde la Procuraduría en los años 1948 y 1949.

En 1951, el procurador general del país era Porfirio Basora. El 30 de mayo de 1961, la Procuraduría General la dirigía Federico Cabral Noboa, quien instruyó al procurador fiscal de entonces, Teodoro Tejada Díaz, para investigar todo lo concerniente al ajusticiamiento del tirano.

Los fiscales. Los únicos datos que se tienen en la Fiscalía de los procuradores fiscales del Distrito Nacional empiezan con José Antonio Turull Ricard (1944-1945). Seguido por Emmanuel Aristy Ortiz (1945-1946), Homero Henríquez (1948-1949), Juan Tomás Mejía Feliú (1949-1953). Salvador Aybar Mella (1953-1955), Servio Tulio Castaños Espaillat (1955-1956), Antonio Martínez Ramírez (1956-1957), Felipe Owsvaldo Perdomo (1957-1958), José Salvador Vásquez (1958-1959), Víctor Garrido Hijo (1959-1960), Ernesto Suncar Méndez (1960-1961) y, finamente, Teodoro Tejada Díaz (1961). A este último le correspondió investigar el asesinato de su jefe. Todos han fallecido.

Cuando Trujillo llegó al poder, en mayo de 1930, la Procuraduría general de la República estaba en manos del licenciado Ramón O. Lovatón. Tuvo a su cargo investigar la denuncia de irregularidades en El Seibo el 16 de mayo en el transcurso de las elecciones presidenciales que le dieron la primera victoria a Trujillo.

En su obra titulada “Yo investigué la muerte de Trujillo”, Tejeda Díaz narra la forma en que fueron interrogados los señalados en el complot contra el dictador, hace saber que fueron eliminados y de otros, dice que murieron.

La galería de ex fiscales del Distrito Nacional fue abierta por el procurador fiscal Alejandro Moscoso Segarra el 29 de julio del 2010.

El manual de esta galería lo compiló la encargada de Relaciones Públicas de la Fiscalía, la periodista Onoris Metz. Cuenta una parte de la historia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, desde 1944, cuando se inauguró el edificio que permanece. Metz indica la dificultad para investigar los nombres de los procuradores fiscales que trabajaron para Trujillo.

La inauguración del Palacio de Justicia el 24 de octubre de 1944 fue encabezada por el presidente de la SCJ, Juan Tomás Mejía. El edificio alojó a la SCJ, la Corte de Apelación, el Tribunal Superior de Tierras y las demás entidades del Poder Judicial dominicano.

Pina Acevedo. Al valorar la administración de justicia en la Era de Trujillo, el jurista Ramón Pina Acevedo afirma que cuando en un asunto de justicia no estaba el interés del régimen, es decir, interés político, se podía esperar una buena decisión. “Cuando había interés político había que resolver el asunto de conformidad con el interés del régimen”.

Señala que eso explica el porqué juristas como Hipólito Herrera Billini y Manuel Ramón Ruiz Tejada pudieron vivir la era como jueces y “hacer un buen trabajo”. El fiscal era el dueño de la investigación, y de ahí, pasaba al juez de Instrucción.

La Policía no tenía ningún rol en la investigación. “Era obediente a las órdenes del fiscal”. Explica que son muchos los casos de personas que murieron en la dictadura y que no se investigaron.

Citó el primer crimen imputado al Gobierno, el de Virgilio Martínez Reyna, y los hechos imputados en Santiago al general José Estrella. Planteó que la muerte de Sergio Bencosme, por equivocación, permanece en un misterio.

Querían matar al licenciado Ángel Morales, quien residía solo en un apartamento en Nueva York. Bencosme lo visitaba el día que lo fueron a matar, y al abrir la puerta, recibió el disparo. “Esa muerte se le atribuye a Porfirio Rubirosa”, establece Pina Acevedo.

Las cifras

30 años. Esta era la condena máxima. La pena se imponía como 30 años de trabajos públicos. El jurista y exjuez de la Instrucción Artagñan Pérez Méndez indica que las sentencias que otorgaban en el régimen de Trujillo imponían penas similares a las actuales. Los delitos más comunes entre particulares eran por conflictos de tierras, acusaciones políticas, asuntos comerciales y, en menor grado, el robo. Este delito se castigaba con pena severa, lo mismo que el homicidio, siempre que el crimen no fuese cometido por los esbirros del régimen.

3 cortes. A la llegada de Trujillo al poder habían tres cortes de apelación, 12 distritos judiciales y 59 juzgados de paz. Al concluir la Era del Trujillo existían nueve cortes de apelación, 24 juzgados de primera instancia y 95 juzgados de paz. Estas cifras las ofreció a la población el 4 de julio de 1958 el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado Hipólito Herrera Billini. El acto fue al conmemorarse el cincuentenario del máximo tribunal dominicano, la Suprema Corte de Justicia. Entre 1959 y 1969 se establecieron varios tribunales

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Palacio Justicia de Ciudad Nueva durante el período de Trujillo
Comprometidos para sobrevivir. Para los abogados poder desempeñarse con cierta libertad debían no contrariar los criterios de Trujillo, su familia, protegidos y allegados, y no inmiscuirse en temas adversos al tirano.

Escrito por: LLENNIS JIMÉNEZ (l.jimenez@hoy.com.do)
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Todas los tribunales de la ciudad de Santo Domingo que operaban durante la opresión de los gobiernos de Rafael Leónidas Trujillo Molina estuvieron alojados en el Palacio de Justicia de Ciudad nueva hasta el año 1959.

En un solo edificio, el militar despótico concentró las diversas instancias de los tribunales hasta llegar a la corte de casación.

Allí estaban la Fiscalía, la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia junto a las cortes de casación. Los tribunales de primera instancia, en cámaras penales y civiles; los juzgados de instrucción, el Tribunal Superior de Tierras, el Registro de Títulos de Propiedad y la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales.

El 25 de octubre de 1944 se abrieron las puertas del reconstruido Palacio de Justicia, borrando las huellas del incendio que sufrió el 11 de diciembre de 1925, l que algunos achacaron a Trujillo, para eliminar documentos que lo incriminaban en delitos.

Pese a que se trataba de la obra de justicia más importante del país, se registró la ausencia del tirano en la reapertura del Palacio de Justicia, el 24 de octubre de 1944. Encabezaron la ceremonia Juan Tomás Mejía, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Héctor Bienvenido Trujillo, secretario de Marina y hermano del dictador, y Virgilio Álvarez, presidente del Partido Dominicano.

Dada la estrechez de la edificación para la gran cantidad de público que demandaban servicios de la justicia, la SCJ y la Procuraduría General se mudaron el 26 de febrero de 1959 a su nuevo edificio la Feria de la Paz, hoy Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, donde ocuparon un moderno local.

Ahora se deespués de casi 46 años, tanto la Suprema Corte de Justicia como la Procuraduría General se alojan en el único edificio suntuoso que han tenido tribunales dominicanos, dejando esa edificación a las cortes de apelación en materia civil, comercial y penal.

Trujillo demandaba de tribunales que dieran pronta respuesta, higiénicos y muy ventilados.

Trabas para ejercer Derecho. El exequátur era la licencia obligatoria para un abogado litigar, pero le era reservada a los seguidores del tirano.

Por eso, muchos abogados debieron colgar la toga y el birrete y dedicarse a otro oficio. El otorgamiento de ese permiso implicaba ver el historial político del abogado.

Testimonio de estudiante. Hitler Fatule Chaín estudiaba doctorado en Derecho durante el régimen de Trujillo. Cuenta que en las clases no se debatían los delitos y los crímenes y que no ensayaban los juicios.

Algunos de sus profesores fueron los juristas Leoncio Ramos, Froilán Tavares, Joaquín Balaguer.

Expresó que profesores como Julio César Castaños, de la asignatura de Economía Política, decían a sus alumnos que el titular de la asignatura no era él sino el “generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina”.

Fatule Chaín afirma que la educación de abogado era sobre la base de mucha formación, y como en las demás carreras, de mucho respeto y comedimiento hacia el profesor.

Compara la diferencia entre el abogado de la era de Trujillo y el de ahora, en que antes el profesional estaba formado en todas las materias, y se le consideraba un intelectual.

Abogado en la Era. El jurista Ramón Pina Acevedo ejerció la profesión en el régimen de Trujillo y fue abogado de la parte civil en el juicio contra los asesinos de las hermanas Mirabal. Dice que la dictadura fue difícil para los profesiones del Derecho.

Relata que en principio, se dijo que fue un accidente el crimen de Minerva, Patria y María Teresa, el 25 de noviembre de 1960.

Se esperó la muerte del dictador, para sentar en el banquillo de los tribunales, en junio de 1962, a los imputados: Ciriaco de la Rosa, Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Malleta, Ramón Emilio Rojas Lora y Néstor Antonio Pérez.

Parecer de un estudio. El jurista e historiador Wenceslao Vega B explica en su obra “Historia de la Corte de Casación Dominicana”, que la Era de Trujillo “se caracterizó por los cambios en la composición de los tribunales, donde los jueces pasaban a ser legisladores, secretarios o subsecretarios de Estado, gobernadores, diputados, etcétera”.

Funcionarios judiciales resaltaban como “gloriosa la actuación de Trujillo”. Tal fue el discurso del presidente de la Suprema Corte, Hipólito Herrera Billini, el 9 de enero de 1950, al señalar lo que entendía como “el progreso jurídico del país en los últimos años y el espíritu democrático de nuestra legislación civil”, señala Vega B. Trujillo.

Indica que el tirano siempre recibió un homenaje de “gratitud y admiración por parte del Poder Judicial.

Antecedentes

Pidió apología de abogado

Lo increíble fue un encuentro de abogados el 6 de agosto de 1955 en el hotel Matum, de Santiago de los Caballeros, para reconocer los 40 años en la abogacía del licenciado Federico C. Álvarez, y por no mencionarse el nombre el tirano, a quienes asistieron a la cena se les calificó de enemigos. Ante el sometimiento en el Tribunal de Honor del Partido Dominicano, el partido del dictador, del que todo profesional debía ser miembro, Federico Álvarez se vio precisado a retractarse pronunciando la conferencia “Transformación del Pensamiento Jurídico Dominicano en la Era de Trujillo, el 12 de junio del año siguiente. Los extremos de la dictadura iban desde ascender a puestos importantes a abogados amigos, a perseguir, encarcelar o hacer exiliar a los juristas contrarios. Muchos abogados no lograron salir ilesos del régimen por no poder ejercer la carrera en beneficio al generalísimo. Por las exigencias del Gobierno del sátrapa, algunos profesionales no subieron a estrado, cayendo en una especie de clandestinidad. La docencia fue el refugio de unos y el exilio, la opción de otros. Las doctrinas y las jurisprudencias fueron escasas en la dictadura.